El resultado de la convocatoria electoral anticipada del próximo 25 de noviembre será decisivo para el futuro de los ciudadanos y ciudadanas de Catalunya. Desde la llegada de CiU al Govern de la Generalitat ---hace ahora dos años— hemos vivido un proceso político paradójico. Por un lado, el Govern de Artur Mas se ha situado en la vanguardia de un modelo de política fiscal y duros rectores sociales, educativos y sanitarios que nos aleja del modelo social de los países más avanzados de Europa, al tiempo que en las Cortes españolas ha dado un soporte reiterado a las políticas laborales más regresivas de la democracia. La alianza CiU – PP ha hecho posible también un escandaloso retroceso en los medios públicos de comunicación impidiendo avanzar hacia una mayor libertad que habían dado los gobiernos progresistas en España y Catalunya. Por otro lado, CiU ha consumado en muy poco tiempo un giro estratégico oportunista, poniéndose a la cabeza de un movimiento independista que pretende iniciar un proceso de secesión de Catalunya.
La sociedad catalana está padeciendo una grave crisis económica que ya se ha convertido en una crisis social y política que se ha traducido en un aumento de la pobreza y la desigualdad y en una limitación del principio de igualdad de oportunidades. Hoy, muchas personas están padeciendo y ven cómo se rompen sus proyectos vitales. Esta situación reclama por parte de todos un ejercicio de responsabilidad política y ética, sobre todo en un momento en el que el descrédito de los partidos y las instituciones es extraordinariamente grave. Consideramos que el rompimiento con España no es la única salida de futuro y que el inicio de un proceso de secesión, en un contexto como el actual, pone en peligro la cohesión social y no es el camino para mejorar las condiciones de vida de los catalanas, ni desde el punto de vista económico ni social ni cultural.
Hoy, muchos proponen la independencia como un camino “mágico” para salir de las dificultades, desprendiéndonos del peso muerto que, dicen, representa España. Un discurso donde se mezclan verdades a medias y exageraciones diversas, particularmente en lo referente a las relaciones fiscales entre Catalunya y el Estado, hasta el punto de que es habitual oír afirmaciones tan populistas y agresivas como “Espanya ens roba”. Paralelamente, algunos sectores independentistas han conseguido extender la idea de que la secesión –que quiere decir la ruptura del Estado— será un proceso sin costes económicos excesivos, sin fractura social, políticamente amable, en el que todo serán beneficios.
El soberanismo cree que el fenómeno de la globalización sólo puede tener consecuencias positivas para Catalunya, y por eso ha asumido sin complejos el modelo económico neoliberal. Para la sociedad catalana disponer de un estado propio será un “buen negocio”, se afirma. El énfasis en las virtudes económicas de la independencia, que no se sostienen en un análisis riguroso, no es otra cosa que una calculada estrategia para esquivar una relidad social rotunda desde hace muchas generaciones: el hecho de que la mayor parte de la ciudadanía de Catalunya compartimos catalanidad y españolidad en diversos grados.
No compartimos las visiones apocalípticas de una virtual secesión, pero tampoco estamos dispuestos a aceptar acríticamente los argumentos almibarados del independentismo. No creemos que pertenecer a España sea una obligación perpetua, pero no compartimos tampoco las razones de los que sostienen la necesidad histórica de la ruptura. Pensamos que la secesión no es la respuesta razonable a los problemas de la sociedad catalana en el marco de las complejidades, interdependencias y soberanías compartidas del siglo XXI. Especialmente, no es la respuesta inteligente en el contexto de una Europa que necesita avanzar hacia niveles más elevados de unidad política en el marco de una crisis que amenaza su propia supervivencia. La comparación entre beneficios y costes sociales es mucho más favorable en el caso de un mejor encaje federal de Catalunya en España y Europa, que no en el caso de la independencia.
Por todo ello, reconociéndonos herederos de las izquierdas catalanas que siempre defendieron “Catalunya, un sol poble”, alzamos nuesta voz para defender abiertamente que el rompimiento con España no es la mejor solución, ni para salir de la crisis actual, ni para articular una alternativa desde la izquierda a las políticas de austeridad europeas. Además, los riesgos, las tensiones y las incertidumbres de un proceso de secesión no son el mejor escenario para mejorar las condiciones de vida de la gente, particularmente de los sectores más humildes y vulnerables. Hasta el día de hoy apenas si ha habido controversia democrática donde los interrogantes de la ruptura hayan podido debatirse ampliamente en el marco de una discusión pública basada en los principios del pluralismo democrático.
El federalismo tiene profundas raíces entre los sectores progresistas de Catgalunya y cuenta con experiencias de éxito en otros estados del mundo que habrían de tenerse en cuenta. Reclamamos a las fuerzas políticas de izquierdas que, en un momento electoral como éste, sean valientes, escuchen a la gente, hagan un esfuerzo pedagógico, se atrevan a hablar claro y apuesten por explorar y explicar a la ciudadanía los caminos de un nuevo federalismo, desacomplejado y exigente con el Estado, donde la ciudadanía de Catalunya se pueda sentir a gusto desde sus identidades compartidas.
Queremos una España federal en el marco de una Europa federal y socialmente justa. No se nos escapan las dificultades de lo que proponemos y la sensación real, hasta hoy de un cierto fracaso en este propósito. De una parte, porque la izquierda española mayoritaria no ha querido jugar a fondo esta carta y, de otra, porque la derecha española es profundamente nacionalista y se atrinchera, cuando le conviene, en el inmovilismo constitucional. En Catalunya, en los últimos años se han ido acumulando muchos agravios e incomprensiones, desde la desgraciada sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut hasta los reiterados incumplimientos de los sucesivos gobiernos españoles en materia de inversión.
La relación entre los gobiernos democráticos de España y Catalunya se ha caracterizado por la irresponsabilidad de quienes han tenido la voluntad de monopolizar y apropiarse de las ideas de España y Catalunya con claros objetivos partidistas. Sin embargo, creemos que no hay razones suficientes para la desmoralización y que, en cualquier caso, la alternativa de la secesión es enormemente inquietante y peligrosa para la cohesión social. Nos sentimos cómplices de las voces que, desde otros territorios de España, expresan su disgusto e impotencia ante la imagen monolítica que, desde Catalunya, proyectan algunos de España; una imagen tan injusta e irreal como la que, desde el resto del Estado, muchos tienen de Catalunya. En este sentido es totalmente imprescindible que se ponga en marcha un movimiento federalista de alcance español que sirva, también, para subrayar que son más las cosas que nos unen que las que nos separan.
Las próximas elecciones al Parlament de Catalunya no puede convertirse en un plebiscito donde “independencia sí independencia no” sea el único tema de campaña. Democráticamente es imprescindible juzgar la acción política del gobierno saliente y confrontar los programas electorales en relación a los otros aspectos en los que nuestro Parlament tiene competencias y atribuciones específicas, particularmente en el campo de las políticas de bienestar. De la misma forma, no podemos dejar de recordar que el President Mas llega a estas elecciones bajo la sombra de la corrupción y la responsabilidad de su partido, CDC, en el caso del saqueo del Palau de la Música.
Estas elecciones, en cambio, sí pueden ser el comienzo de un ejercicio colectivo para debatir y articular las diferentes alternativas políticas –todas ellas legítimas-- en relación al llamado “encaix” de Catalunya dentro de España y Europa. Pero desde un debate libre y plural, sereno y ordenado, sobre las razones que llevan a unos –desde el llamado “derecho a decidir”-- a pedir el rompimiento y a otros a demandar un nuevo acuerdo. Un proceso a resolver desde el principio democrático, en el marco de un estado de derecho y que, si corresponde, acabe con la celebración de un referéndum. Hoy el principal riesgo no es que Catalunya (o España) pierda soberanía, sino que vamos atrás en términos de democratización; que los ciudadanos pierdan todavía más soberanía ante los mercados y el capital. No la recuperaremos si no nos esforzamos en romper las fronteras que quedan entre los europeos en vez de crear otras nuevas.
Por todo ello queremos hacer un llamamiento a la ciudadanía progresista de Catalunya para que el próximo 25 de noviembre se movilice y dé confianza a las formaciones políticas que presenten programas nítidamente de izquierdas y contemplen una renovada y potente opción federal. Que, igualmente, pongan en el centro del debate electoral la forma de cómo se han efectuado los recortes en el estado de bienestar realizadas por el Gobierno de Mas con el apoyo del PP. Y que confronten la existencia de diversas alternativas ante la crisis. Que reclamen de la Unión Europea